La facultad de Derecho fue sede de una jornada sobre Mutuales y Cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado y contra-financiación del terrorismo, con la participación de autoridades del poder ejecutivo, judicial y entidades bancarias.

El miércoles 23 de noviembre, se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el V GLOBAL WORKSHOP, organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

En esta oportunidad se trató la temática “Las mutuales y cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo”, en donde hubo expositores de gran envergadura y representantes de jerarquía para desarrollarla.

La apertura estuvo a cargo del presidente del INAES, Marcelo Collomb y del secretario de Justicia y vicepresidente ante Grupo de Acción Financiera (GAFI) Santiago Otamendi.

Además, estuvieron presentes los directores responsables de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Ercilia Nofal, Diego Rodrigo y Pablo Videla, quienes expusieron acerca de “Las políticas de debida diligencia de los bancos ante las mutuales y cooperativas como clientes”.

En la oportunidad, el titular del INAES, Marcelo Collomb señaló que “desde que nos hicimos cargo de la presidencia del directorio del INAES estamos convencidos que sólo se puede sostener el desarrollo del sistema de crédito cooperativo y mutual si ejecutamos políticas públicas serias, en materia de prevención de lavado de activos y la financiación el terrorismo, que no se queden solamente en la apariencia”. “Estamos convencidos, agregó, que debíamos observar y prestar atención, no sólo al cooperativismo de crédito o al mutualismo de ayuda económica, sino también a otras entidades de la economía social y solidaria que podían haber sido utilizadas para fines ajenos a este tipo de entidades”.

Collomb hizo hincapié en que por ese motivo, ”impulsamos la celebración de un convenio con la UIF y el BCRA y comenzamos a generar acciones de control público, donde se ponga el acento no sólo en la operatoria sino también en los aspectos que hacen al desenvolvimiento institucional”, afirmó.

“Sabemos que es un grupo minúsculo, en comparación con la acción solidaria que realizan innumerables entidades en los lugares más remotos de nuestro país, pero a pesar de esto causan mucho daño” “El sector de la Economía Social no puede ser un observador silencioso, debe contribuir a generar mecanismos de control más eficientes, tener una mayor participación asociativa, y un mayor compromiso con la sociedad” , concluyó.

Por su parte, Santiago Otamendi. Secretario de Justicia y vicepresidente ante Grupo de Acción Financiera (GAFI) sostuvo que “la cuestión es cómo culturalmente vamos cambiando el foco sobre la visualización de estas entidades como sujetos de sanciones e ir tomando el timón hacia verlos como aliados en la prevención del lavado de activos y lucha contra el terrorismo” También se habló de “Investigaciones sobre el uso ilegal de cooperativas y mutuales”, a cargo de los panelistas: Sergio Lello Sánchez, Fiscal General de la Acusación de la provincia de Jujuy; el juez Claudio Bonadío.

Para finalizar, a modo de conclusión, se debatió acerca de los "Insumos para el análisis del sector de mutuales y cooperativas", en un panel integrado por Martín Montero, vocal del consejo asesor de la UIF en representación del Ministerio de Justicia, y Juan Félix Marteau, coordinador nacional para el combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia